Barranquilla, 25 de mayo de 2023. Con respecto a la más reciente entrega del Informe de recursos y reservas con corte a diciembre de 2022 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía hace las siguientes recomendaciones:
- En el año 2022, la vida de las reservas de petróleo (reservas probadas / producción) disminuyó de 7.6 a 7.5 años. La razón de esta disminución se presenta por un aumento en la producción. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que reactive los más de 30 contratos suspendidos de exploración y explotación de hidrocarburos o considere la apertura de nuevos contratos.
- De acuerdo con la Presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Clara Liliana Guatame, la producción de crudo es de 7.5 años, sin embargo se deben tomar decisiones inmediatas ya que un contrato de exploración tiene un periodo de vigencia aproximado de 6 años, teniendo en cuenta que debe enfrentar retos sociales y ambientales, o incluso a demoras en la asignación de licencias, además de los compromisos operativos propios de cada proyecto.
- El gas natural pasó de 8 años a 7,2 años, una de las cifras más bajas que han sido reportadas. A pesar de que hay importantes proyectos con gran potencial para aumentar las reservas de gas estos demandan importantes inversiones de infraestructura y requieren tiempo, como los son los proyectos OffShore de Ecopetrol.
- En los proyectos vigentes se debe seguir promoviendo y potenciando el factor de recobro, o también conocido como factor de recuperación, que permite aumentar la cantidad de hidrocarburos que se pueden recuperar de un yacimiento petrolífero y/o gasífero. En Colombia, se recupera en promedio entre el 20% y el 40% del volumen total de petróleo presente en los yacimientos. Esta técnica ha aportado a aumentar las reservas, sin embargo se requiere de tiempo, mayor actividad e inversión, para lo cual la estabilidad en las reglas de juego es fundamental.
- Se requiere de una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, las empresas operadoras y las autoridades territoriales, para aportar en la construcción de confianza entre la sociedad y las actividades de exploración y producción, que impulse la viabilidad de las actividades en armonía con el medio ambiente y las comunidades.